Exige familia de Tomás Pérez verdad y justicia a 36 años de su desaparición

PUEBLA, Pue., 19 de agosto de 2026.- A 36 años de la desaparición del campesino tutunakú Tomás Pérez Francisco, ocurrida el 1 de mayo de 1990 en Pantepec, Puebla, su familia exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) avances concretos en la investigación y búsqueda, así como esclarecer quiénes fueron los responsables.

Acompañada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla y la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (CORASON), la familia denunció que las diligencias acordadas desde enero de 2025 continúan pendientes.

Durante la última mesa de trabajo, realizada el 7 de julio, la FGE planteó que el delito podría estar prescrito y señaló que hasta ahora no se ha acreditado la participación de agentes estatales, postura que, de acuerdo con el equipo de acompañamiento, desconoce la naturaleza permanente de la desaparición forzada.

A través de un comunicado, Roberto Rosete Guzmán, del IDHIE, sostuvo que la desaparición no puede considerarse prescrita mientras no se conozca la suerte o el paradero de Tomás Pérez. Además, señaló que la falta de señalamientos directos contra agentes estatales no elimina la obligación de investigar el contexto y las estructuras que pudieron permitir la desaparición.

Los especialistas también exigieron concluir peritajes pendientes en materia de trabajo social, victimología y antropología, así como establecer un plan de investigación con hipótesis, responsables, diligencias y plazos definidos.

Rubén Ortiz Rosas, consultor independiente, consideró necesario analizar la desaparición dentro del contexto político y económico de la región y las formas de violencia contra comunidades campesinas, mientras que Mauricio González González, coordinador de CORASON, pidió evitar prácticas de revictimización hacia la familia y la memoria de Tomás.

Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo de Tomás, afirmó que los retrasos, la rotación de personal y los obstáculos burocráticos han impedido esclarecer el caso.

La familia y las organizaciones exigieron a la FGE retomar los acuerdos establecidos en mesas anteriores, definir responsables y fechas para las diligencias pendientes y evitar descartar automáticamente la hipótesis de desaparición forzada.