Denuncia reducción de sueldo de expareja para evadir pensión alimenticia en Puebla

PUEBLA, Pue., 23 de octubre de 2026.- Paula María Ambriz Hernández, de 44 años, sostiene a sus dos hijos, de seis y cuatro años. Tiene un trabajo de medio tiempo para poder cuidarlos y realiza ventas para completar los gastos familiares. Su expareja, Pedro N., a quien le reclama una pensión alimenticia, le entrega 2 mil 200 pesos quincenales, cantidad que asegura no es suficiente para cubrir las necesidades de los menores.

Pedro N., de quien Paula se separó por presuntas actitudes violentas y por haberla jaloneado cuando estaba embarazada de su segundo hijo, percibía un salario bruto de 26 mil 158 pesos como profesor de Tiempo Completo Titular “B” en la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP). De acuerdo con documentos de la institución en poder de Quadratín Puebla, recibió ese sueldo desde el 1 de enero de 2026 hasta julio de este año.

De ese salario, Paula únicamente recibió en una ocasión 5 mil pesos por concepto de pensión alimenticia para sus hijos. Fue en julio cuando logró reactivar el proceso legal con ayuda de su representante para obtener una pensión justa y constante. Sin embargo, en ese mismo periodo, el sueldo de Pedro N. fue reducido a 9 mil 582.47 pesos, según los oficios que la UTP entregó a Paula y que están en poder de Quadratín Puebla.

“Ahorita con el primer sueldo que le manejaron era alrededor de 14 mil pesos mensuales (la pensión que debía recibir). (...) Solo me hicieron un abono de una quincena de 5 mil pesos, pasados de los 5 mil. De ahí luego, luego hizo el movimiento y fue que ya me depositaron 2 mil 100”, explicó Paula en entrevista.

Paula agregó que, de acuerdo con la UTP, el cargo de su expareja fue cambiado a secretario de director de área debido a que nunca entregó título ni cédula profesional. Quadratín Puebla consultó el Registro Nacional de Profesionistas, donde pudo verificar esta información. Pedro N estudió Comunicación Social en la Universidad de Oriente, pero no concluyó sus estudios.

“El segundo oficio dice que no ha sido rescindido como trabajador de la universidad; sin embargo, al no entregar su título y cédula profesional, se procedió a su cambio de puesto. Pero, o sea, ¿y entonces cómo lo tuvieron trabajando con un puesto anterior o simplemente cómo lo tienen trabajando ahí si nunca presentó una cédula?”, cuestionó la entrevistada.

En este sentido, Paula señaló que Pedro le ha comentado verbalmente que presuntamente es “amigo” del rector de la UTP, Jesús Ramírez Morales. Según lo que él le habría dicho, ambos han trabajado juntos desde la campaña del gobernador Alejandro Armenta. Paula sospecha que esa supuesta relación con el rector pudo influir en la reducción de su salario, con el propósito de impedir que ella reclame una pensión adecuada para cubrir las necesidades reales de sus hijos.

A estas presuntas irregularidades, Paula sumó que, según sus propias indagaciones, pese a que se reportó una reducción drástica del sueldo de Pedro N., la retención correspondiente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) continúa calculándose sobre el salario anterior, de aproximadamente 26 mil pesos.

Mientras tanto, la situación también ha repercutido en sus hijos. Paula señaló que su expareja presuntamente ejercía violencia vicaria en su contra, pues cuando se llevaba al niño de seis años, este regresaba con una actitud violenta hacia ella. Actualmente, el menor recibe atención terapéutica y ha expresado que no desea ver a su padre, debido a que, según su madre, este le presta poca atención y ambos pasan el tiempo viendo el teléfono celular o la televisión.

Paula destina los 2 mil 100 pesos que recibe a la educación de sus hijos y continúa con la demanda de pensión alimenticia en Ciudad Judicial, ante el Juzgado de Oralidad Familiar, bajo la carpeta digital JOF/DJP/1527/2021/GC. No obstante, este no sería el único proceso legal que ha enfrentado Pedro N., pues Paula recordó que, después de la separación, llegaban a su domicilio oficios relacionados con una acusación contra él por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, según consta en el documento identificado con el número IEE/DJ-3722/2022.