Aplazan audiencia de Mario Marín por caso Lydia Cacho

PUEBLA, Pue., 20 de octubre de 2026.- La audiencia en la que se dictaría sentencia contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro fue aplazada este martes 20 de octubre, debido a una falla técnica en la plataforma digital utilizada para la sesión judicial.

La organización Artículo 19 México y Centroamérica informó que el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo confirmó la suspensión de la audiencia, luego de que la defensa de la periodista intentó ingresar al sistema Webex y encontró que su cuenta aparecía como inhabilitada.

El aplazamiento prolonga la espera de justicia en un caso que se remonta a diciembre de 2005, cuando Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por carretera a Puebla durante más de 20 horas. La periodista denunció haber sufrido amenazas, incomunicación y tortura física y psicológica.

De acuerdo con Artículo 19, la agresión estaría relacionada con la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que Cacho documentó presuntas redes de explotación sexual infantil vinculadas con empresarios y autoridades.

La organización expresó su inconformidad porque, a casi 21 años de los hechos, problemas técnicos y logísticos continúan retrasando el proceso judicial. También pidió que la resolución contra el exmandatario sea proporcional a la gravedad de los hechos y considere los estándares internacionales de protección a periodistas y libertad de expresión.

El caso acumula otros antecedentes judiciales. Kamel Nacif Borge obtuvo un amparo en 2021 que derivó en su liberación de responsabilidad por tortura; el excomandante poblano Juan Sánchez Moreno fue exonerado en julio de 2025, mientras que Hugo Karam Beltrán salió de prisión en agosto de 2024 por un cambio de medidas cautelares, aunque su proceso continúa.

Además, Alejandro Rocha Laureano fue liberado el 14 de octubre de 2026, después de cumplir una condena de cinco años y seis meses.

En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó que México había violado los derechos de Lydia Cacho.

Un año después, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública; sin embargo, Artículo 19 sostiene que los avances judiciales han sido insuficientes y que la periodista y su familia continúan bajo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2009.