Donación de órganos tras accidentes viales en Puebla
PUEBLA, Pue., 12 de agosto de 2026.- A casi dos años del inicio del gobierno de Alejandro Armenta, Puebla registra una disminución en varios de los principales delitos de alto impacto, pero mantiene activos los focos rojos relacionados con el crimen organizado, el robo de hidrocarburos y la venta de drogas.
El homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos presentan reducciones durante 2026 respecto al año anterior, de acuerdo con cifras oficiales. En contraste, el robo de autopartes y el narcomenudeo registran incrementos.
El balance muestra una entidad donde las autoridades han golpeado a operadores y células criminales, pero donde persisten disputas por mercados ilícitos y corredores estratégicos.
Uno de los principales resultados de la estrategia de seguridad se encuentra en el homicidio doloso.
Durante el primer semestre de 2026, las víctimas de este delito disminuyeron 21.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, según las cifras difundidas por el Gobierno de Puebla con base en registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ese mes Puebla registró 47 víctimas de homicidio doloso, frente a las 75 contabilizadas en junio de 2025. La diferencia fue de 28 víctimas, equivalente a una reducción de 37.3 por ciento.
El comportamiento coloca al homicidio como uno de los indicadores con mejor desempeño durante el actual gobierno.
Sin embargo, las cifras no significan que la violencia haya desaparecido.
Durante 2026 se han registrado homicidios relacionados con disputas entre grupos, ataques directos, ejecuciones y hechos asociados con actividades delictivas.
La diferencia está en la frecuencia con que ocurren y en su concentración territorial.
La reducción alcanza otros delitos de alto impacto. Durante el primer trimestre de 2026, el secuestro disminuyó 44.4 por ciento y el secuestro extorsivo 55.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
La extorsión también presentó una reducción. Entre enero y julio se contabilizaron 101 carpetas de investigación, contra 153 durante el mismo periodo de 2025, una disminución de 33.39 por ciento.
El robo de vehículos descendió 22.9 por ciento y el robo de vehículos con violencia 17.8 por ciento.
También disminuyeron el robo a casa habitación, robo a transeúnte y robo a negocio.
En las carreteras, uno de los principales problemas de seguridad para Puebla, el robo a transportistas bajó 24.6 por ciento durante el primer trimestre.
La reducción resulta relevante debido a que Puebla es uno de los principales corredores de transporte de mercancías del país.
No todos los indicadores tienen la misma tendencia. El robo de autopartes se convirtió en uno de los principales focos rojos de 2026.
Entre enero y julio se abrieron mil 192 carpetas de investigación, frente a las mil 60 del mismo periodo de 2025.
El aumento fue de 12.45 por ciento. El delito afecta principalmente a propietarios de vehículos y se concentra en zonas urbanas y corredores donde existe una alta circulación y estacionamiento de automóviles.
La tendencia contrasta con la reducción registrada en otros delitos patrimoniales.
Otro indicador que mantiene una tendencia ascendente es el narcomenudeo. La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó mil 115 investigaciones entre enero y julio de 2026.
Sólo durante julio se contabilizaron 184 casos, la cifra mensual más alta del periodo.
El crecimiento puede tener dos lecturas.
Una es un aumento de la actividad relacionada con la venta de drogas en pequeñas cantidades.
La otra corresponde a una mayor capacidad de las autoridades para detectar puntos de venta y judicializar investigaciones.
En cualquier caso, el aumento convierte al narcomenudeo en uno de los principales retos de seguridad para la segunda mitad del sexenio.
El robo de hidrocarburos continúa siendo otro de los principales problemas de Puebla.
Durante el primer año de gobierno, las autoridades estatales reportaron la recuperación de más de 2.7 millones de litros de hidrocarburo y la inhabilitación de más de 280 tomas clandestinas.
También informaron sobre más de 160 personas detenidas por hechos relacionados con este delito.
Uno de los mayores aseguramientos ocurrió en marzo de 2025, cuando fueron localizados alrededor de dos millones de litros de hidrocarburo y 28 pipas en la zona de La Encrucijada.
Los operativos posteriores han encontrado bodegas, vehículos cisterna, mangueras de alta presión, tomas clandestinas e inmuebles utilizados para almacenar combustible.
El fenómeno se extiende por regiones del llamado Triángulo Rojo, el valle de San Martín Texmelucan y otros municipios conectados con ductos y rutas carreteras.
Pero el huachicol ya no puede analizarse únicamente como robo a Petróleos Mexicanos.
Las investigaciones han mostrado vínculos entre el robo de combustible, robo de transporte de carga, narcomenudeo, extorsión y homicidio.
Uno de los principales objetivos detenidos durante el actual gobierno fue Alberto N, alias La Marrana.
La Fiscalía General del Estado (FGE) lo identificó como presunto jefe de plaza en Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca y San Salvador El Verde.
Las investigaciones lo relacionaron con robo de transporte de carga, huachigas, extorsiones, privación ilegal de la libertad y homicidios.
Su captura ocurrió en Valle de Chalco, Estado de México, tras trabajos coordinados entre autoridades poblanas y federales.
El caso evidenció además la movilidad de los grupos criminales que operan en Puebla.
Los integrantes de estas estructuras no necesariamente permanecen en el territorio donde cometen sus delitos.
Utilizan municipios de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Veracruz como puntos de movilidad, refugio o conexión.
Otro de los objetivos detenidos fue Gualberto N, alias El Guayabo.
La FGE lo identificó como generador de violencia en San Martín Texmelucan y otros municipios.
La investigación lo relacionó con actividades de huachicol, narcomenudeo y homicidio.
Su detención representó otro golpe a las células regionales que disputan el control de actividades ilícitas en la zona centro del estado.
El crimen organizado representa un capítulo distinto.
Reportes de autoridades estadounidenses ubican a Puebla entre las entidades donde tienen presencia organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
El CJNG aparece como una de las organizaciones con mayor presencia documentada.
En Puebla, autoridades ministeriales han identificado células que utilizan las siglas de esta organización.
Pero existe una diferencia entre la presencia de una célula y el control territorial de un cártel.
La propia FGE ha advertido que algunos grupos locales utilizan nombres, mensajes y simbología de organizaciones nacionales para generar temor o atribuirse capacidad criminal.
Por ello, no todos los homicidios o hechos violentos en los que aparece una referencia al CJNG significan que exista una estructura formal del grupo detrás del ataque.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió en febrero de 2026.
Tres personas fueron asesinadas afuera de un bar ubicado en la zona de Angelópolis.
La investigación de la Fiscalía estableció que el ataque habría sido cometido por una célula identificada como Operativa Barredora y relacionada con el CJNG.
Los agresores habrían confundido a las víctimas con el objetivo que buscaban.
Cuatro presuntos responsables fueron detenidos.
El hecho generó especial preocupación porque ocurrió en una zona considerada de alta actividad comercial y residencial.
La violencia criminal dejó de estar asociada únicamente con regiones rurales o corredores de hidrocarburo.
También alcanzó zonas de concentración empresarial, turística y nocturna.
El Cártel de Sinaloa también aparece en investigaciones relacionadas con Puebla.
Uno de los casos más relevantes involucra a La Mayiza, facción asociada con Ismael, El Mayo Zambada.
En enero de 2026 fue detenido en Sinaloa Israel N, alias El Palillo, identificado como mando de esa organización.
La investigación federal lo relacionó con actividades de producción de drogas sintéticas y con una estructura que tendría presencia en Puebla y otras entidades.
El caso cobró relevancia por los operativos realizados contra laboratorios clandestinos en territorio poblano.
En 2025 fueron desmantelados inmuebles utilizados para la elaboración de drogas sintéticas y se aseguraron sustancias, armas y equipo.
La situación representa una transformación del mercado criminal.
Puebla ya no sólo aparece como ruta de tránsito.
También existen investigaciones que apuntan a su utilización como lugar de producción y almacenamiento.
La Familia Michoacana también aparece en investigaciones de la FGE.
En enero de 2026 fue detenido Pablo N, alias El Ratón, señalado como presunto integrante de esa organización y relacionado con un homicidio ocurrido en Amozoc.
Meses después, autoridades reportaron la detención de José Carlos N, señalado como presunto jefe de sicarios vinculado con La Familia Michoacana.
Sin embargo, la FGE ha sido cuidadosa al hablar de una presencia territorial de esta organización.
La dependencia ha señalado que no existe, hasta ahora, una confirmación institucional de que La Familia Michoacana tenga control territorial consolidado en Puebla.
Las investigaciones pueden establecer vínculos individuales o de células con una organización nacional sin que ello implique que un cártel controle determinado municipio.
Mientras varios operadores han sido detenidos, uno de los objetivos que permanece pendiente es Antonio Valente Martínez Fuentes, conocido como El Toñín.
El nombre aparece desde hace años en investigaciones y señalamientos relacionados con el robo de hidrocarburos.
En diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública lo incluyó entre sus objetivos prioritarios para 2026.
Su localización y detención continúa siendo uno de los pendientes de mayor peso en la lucha contra las estructuras vinculadas al huachicol.
El escenario que enfrenta Puebla no corresponde a una sola organización criminal.
Existen grupos locales, células regionales y operadores que trabajan para estructuras nacionales.
Algunos se especializan en robo de combustible, otros en robo de transporte, otros en narcomenudeo, extorsión o secuestro.
En algunos casos, las mismas células participan en varias actividades.
La disputa por el territorio tampoco necesariamente implica enfrentamientos permanentes.
Puede manifestarse mediante ejecuciones selectivas, amenazas, extorsiones, desapariciones o mensajes dirigidos contra grupos rivales.
La fragmentación dificulta establecer un mapa criminal permanente y los grupos cambian de nombre, alianzas y zonas de operación.
El mayor contraste aparece al revisar la percepción ciudadana.
En junio de 2026, 81.3 por ciento de los habitantes de la ciudad de Puebla consideró inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.
La cifra colocó a Puebla entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país.
Sin embargo, también representó una reducción respecto al mismo mes de 2025.
El dato muestra una paradoja. Los principales indicadores delictivos disminuyen, pero la mayoría de la población todavía percibe altos niveles de inseguridad.
La razón puede encontrarse en la naturaleza de los delitos que sí permanecen activos.
El robo de autopartes afecta directamente a los ciudadanos y el narcomenudeo es visible en zonas urbanas.
Los ataques armados de alto impacto tienen una repercusión mayor que su peso estadístico.
Y los casos relacionados con crimen organizado generan una sensación de vulnerabilidad que no siempre corresponde con el número total de carpetas de investigación.




