Chipilo, entre ejecuciones, presunto narcomenudeo y un ataque contra la Policía Estatal
PUEBLA, Pue., 12 de mayo de 2026.- Jorge Aduna Villavicencio volvió durante años a los expedientes policiacos, los reportes de inteligencia y las páginas de nota roja en Puebla como sinónimo de poder económico, influencias políticas y violencia criminal.
Empresario ligado al negocio gallero y al entretenimiento, Aduna pasó de ser un personaje cercano a círculos de poder a convertirse en uno de los casos más polémicos del sistema judicial poblano por el asesinato de seis jóvenes de Lomas de San Miguel y los privilegios que mantuvo dentro del Penal de San Miguel.
De acuerdo con reportes periodísticos, el empresario fue detenido en 2016, acusado de ordenar el levantón y homicidio de seis jóvenes desaparecidos entre octubre y noviembre de 2015.
Las investigaciones ministeriales señalaron que las víctimas habrían ingresado a una propiedad relacionada con Aduna y que, tras esos hechos, fueron privadas de la libertad, ejecutadas y desmembradas.
El caso estremeció a Puebla por el nivel de violencia y por la presunta participación de escoltas y expolicías ministeriales.
Las versiones difundidas entonces indicaban que los cuerpos fueron abandonados en una coladera de la capital de Puebla.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el proceso judicial terminó debilitándose con amparos y resoluciones federales que cuestionaron parte de las pruebas ministeriales.
Dentro del Penal de San Miguel, Jorge Aduna se convirtió en símbolo de los privilegios y la corrupción penitenciaria.
Diversos reportes de fuentes cercanas al centro carcelario señalaron que mantenía acceso a comida de restaurantes, reuniones privadas, bebidas alcohólicas e incluso visitas de escorts dentro del reclusorio.
Además, mencionaron presuntos sobornos a funcionarios penitenciarios para mantener beneficios especiales.
La presión pública sobre el caso provocó movimientos dentro del sistema penitenciario poblano.
En 2017, autoridades estatales trasladaron a Aduna a un Penal Federal de Durango bajo el argumento de preservar la estabilidad y seguridad interna del Cereso de San Miguel.
Años después, el empresario recuperó su libertad gracias a resoluciones judiciales federales.
Sin embargo, volvió a ser detenido en 2022 por usurpación de funciones y uso indebido de insignias oficiales, luego de ser asegurado en una camioneta con aditamentos similares a los de corporaciones policiacas.
El expediente de Aduna también quedó marcado por sus vínculos con actores políticos del morenovallismo.
Diversas publicaciones documentaron que durante la campaña de 2010 de Rafael Moreno Valle habría facilitado camionetas y apoyos logísticos.
Posteriormente, el propio empresario acusó al exmandatario de haberlo utilizado políticamente y después abandonarlo.
Aunque las investigaciones oficiales nunca establecieron judicialmente una estructura criminal encabezada por Aduna, su nombre comenzó a aparecer en versiones extraoficiales relacionadas con operadores delictivos ligados al grupo Los Toscano, una organización criminal poblana identificada por autoridades estatales y federales por controlar mercados, tianguis y redes de narcomenudeo en la zona metropolitana de Puebla.
Según reportes de seguridad, Los Toscano surgieron como una célula local ligada inicialmente al control de robo, extorsión y venta de droga en mercados populares.
Con el paso de los años expandieron operaciones hacia el cobro de piso, distribución de cristal y cocaína, robo de hidrocarburo y control territorial en colonias populares de la capital de Puebla.
La estructura criminal fue identificada principalmente en zonas del centro y sur de la Angelópolis, así como en corredores comerciales y mercados donde históricamente han operado redes de narcomenudeo y grupos de choque.
Informes recientes de seguridad pública ubican a Los Toscano como una de las bandas locales con presencia persistente en mercados y tianguis de Puebla.
Las versiones sobre la cercanía entre Jorge Aduna y operadores ligados a Los Toscano nunca derivaron en una acusación formal pública que acreditara judicialmente su pertenencia al grupo; sin embargo, fuentes de inteligencia policial han señalado coincidencias entre redes de protección, presencia de ex policías y operadores armados vinculados a actividades de cobro y control territorial.
El caso de los seis jóvenes de Lomas de San Miguel permanece como uno de los expedientes más oscuros de Puebla en la última década.
Para colectivos y observadores del sistema judicial, el proceso mostró cómo personajes con recursos económicos y conexiones políticas lograron prolongar litigios, obtener beneficios judiciales y conservar márgenes de protección institucional aun enfrentando acusaciones por homicidio múltiple.
Mientras tanto, el nombre de Jorge Aduna sigue apareciendo en el imaginario criminal poblano como ejemplo de la delgada línea entre empresarios con influencia política, operadores de seguridad privada y estructuras criminales que durante años encontraron espacios de protección dentro de instituciones del estado.





