Nada personal: Casas Bienestar, botín para políticos y los invasores

El programa habitacional Casas del Bienestar se ha convertido en la manzana de la discordia entre políticos y “paracaidistas”.

La oferta de vivienda es una mezcla de las abandonas del Infonavit pero tienen dueño, así como el millón que ofrece el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A partir del anuncio oficial del director general del Infonavit, Octavio Romero, de legalizar la ocupación irregular de viviendas “abandonadas”, abrió las puertas para la ocupación ilegal.

Grupos invasores ligados a la organización social y política Antorcha Campesina empezaron a ocupar viviendas del Infonavit abandonadas, en agravio de trabajadores y constructoras.

Mientras que políticos con aspiraciones a cargos de elección popular por Morena levantan padrones de solicitantes de vivienda para obtener una casa del millón anunciada por el gobierno federal.

En el primer caso, de los antorchistas, promueven la invasión de casas abandonas como ocurre en unidad habitacional Misiones, al norte de la zona conurbada a la ciudad de Puebla, entre otras.

Con base a los testimonios de vecinos, las casas abandonadas son ocupadas por personas ligar a los Antorchistas, con el pago inicial de 10 mil pesos, y el pago total de 300 mil, con la promesa de regularizarlas en el programa oficial de vivienda del gobierno federal.

 Se trata -en la mayoría de los casos- de viviendas abandonadas que tienen dueños, pero las abandonaros por los malos servicios, como el transporte público de pasajeros, y la inseguridad pública.

Migrantes centro y sudamericano se han apropiado de casas abandonadas que sirven de refugio a los participantes de las caravanas que ya no siguieron su ruta a la frontera norte con los Estados Unidos.

Empresas constructoras han levantado la voz para que las viviendas sean desalojadas, porque muchas estas seguían en proceso de adjudicación con créditos hipotecarios de bancos y el Infonavit.

Los políticos hacen lo propio con el millón de viviendas anunciadas por la titular del Ejecutivo federal, y una amplia población sin seguridad social e involucrados en la economía informal ya ocupan un lugar en las listas para obtener vivienda económica para sus familiares.

En diferentes centros y ámbitos de la actividad económica en la ciudad capital, por ejemplo, personas sin historial crediticio ni seguridad social ya figuran en un padrón de solicitantes.

Con la promesa de tener acceso a las Casas Bienestar, se han unido a la causa de la legisladora local de Morena, Laura Artemisa García Chávez, o por lo menos la involucran en la campaña para integrarlos al padrón de beneficiarios para obtener una casa.

Las viviendas con precios de hasta 350 mil pesos, deberán se pagadas en cinco años, con un enganche simbólico, para hacerse propietarios de una vivienda para algún familiar, les ofrece la legisladora.

 La delegación del Infonavit en Puebla y la Comisión Estatal de Vivienda a cargo de Rafael Moreno Valle Buitrón, deberán hacer transparentes las reglas de operación de la adquisición.

La dotación de Casas Bienestar deberá garantizar el retorno de capital porque empieza a hacerse una oferta clientelar por proselitismo partidista, o como negocio particular de invasores.

Lo peor que le puede pasar a los programas sociales de vivienda gubernamental, con todo y la polémica de aquellas que tiene propietarios y pueden ser víctimas de despojo, es que se utilicen con fines político partidista o como negocio ilícito con las invasiones.

Según la Canadevi, en Puebla generarán hasta 12 mil viviendas nuevas; sin embargo, la demanda anual en la entidad es de al menos 20 mil unidades, el déficit se debe, sobre todo, a la falta de suelo para construir.

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