Visión Financiera: El crimen ya es digital, la seguridad pública no

La seguridad pública en México sigue centrada en patrullajes y operativos territoriales, pero los grupos criminales han ampliado su campo de acción al entorno digital. Mediante ataques cibernéticos han logrado infiltrar redes institucionales, intervenir sistemas de emergencia como el 911, sabotear plataformas de videovigilancia y acceder a información confidencial. Esta evolución obliga a repensar la estrategia nacional.

En el nuevo tablero del crimen organizado, la violencia se programa. La infraestructura que sostiene la vida institucional, como policías, fiscalías y comunicaciones, está bajo amenaza constante, muchas veces sin que sus operadores siquiera lo adviertan.

Frente a este escenario, la empresa mexicana Silent4Business, encabezada por Layla Delgadillo, advierte que ya no es posible separar la ciberseguridad de la seguridad pública. Los grupos criminales operan con plena capacidad digital, por lo que el Estado debe desarrollar esquemas equivalentes para proteger infraestructura crítica y asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

La firma ha identificado cinco áreas prioritarias que requieren protección inmediata: los sistemas de emergencia 911 y videovigilancia; la prevención de filtraciones de datos sensibles de policías, fiscales y testigos protegidos; el monitoreo de amenazas en redes sociales y en la darknet; el blindaje de las comunicaciones internas entre fuerzas del orden; y la resiliencia institucional ante ciberataques.

Su modelo, denominado “ciberseguridad por capas”, incluye blindaje del Active Directory en dependencias de seguridad, protección del DNS, control de accesos remotos y sistemas de detección de intrusos conectados a centros de operaciones de seguridad (SOC) para monitoreo en tiempo real. La propuesta contempla además la capacitación continua del personal operativo, desde mandos hasta operadores del 911.

A nivel local, el reto es mayor. Más del 75% de los municipios en México carecen de estrategias elementales en materia de ciberseguridad. En varios casos, los sistemas utilizados para coordinar respuestas de emergencia operan sin actualizaciones, sin protocolos y con infraestructura expuesta a riesgos críticos.

La ciberdefensa no puede seguir tratándose como un tema opcional en los planes estatales y municipales. Desde Silent4Business se ha insistido en lo evidente: sin inversión y cooperación, los sistemas seguirán siendo vulnerables. La velocidad de respuesta y la capacidad de anticiparse a los ataques no dependen solo de tecnología, sino de voluntad política.

*** La mejor embotelladora del grupo

Tras una evaluación entre más de 200 operadoras a nivel global, Coca-Cola Southwest Beverages (CCSWB) de Arca Continental presidida por Jesús H. Santos y dirigida por Arturo Gutiérrez, fue acreedora de la Candler Cup, el máximo galardón dentro del sistema Coca-Cola que la distingue como la mejor embotelladora del mundo. 

Los criterios tomados en cuenta fueron desempeño en ingresos, cultura organizacional, inversión en talento y ejecución impecable. El reconocimiento no es aislado. A inicios del año, AC-CCSWB ya había sido nombrada la mejor operación en Estados Unidos al ganar, por tercera ocasión, el Market Street Challenge. 

Con presencia en Texas y estados del suroeste estadounidense, la operación ha sabido combinar buenas prácticas de América Latina y EE.UU. para consolidar un modelo sostenible que hoy genera resultados, y reputación, a nivel internacional.

*** Ahome, ¿karma?

TOME NOTA *** Mientras tanto, en Sinaloa el gobernador Rubén Rocha Moya se llevó un duro revés con la resolución de un juez federal sobre restituir en su cargo a Gerardo Vargas Landeros, como alcalde de Ahome, tras su desafuero instrumentado desde el Congreso local y operado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, liderada por la vicefiscal  Reyna Angulo Valenzuela. 

Tanto el Gobernador como ambas entidades gubernamentales quedaron exhibidas por la sentencia con carácter de “inapelable”, tras encontrar elementos suficientes para calificarla de inconstitucional. 

La inusual celeridad con la que se dio la inhabilitación política de uno de los principales adversarios de Rocha Moya hoy les revienta en la cara y los deja muy mal parados ante los sinaloenses, pues por todos lados tenía cara de vendetta personal más que combatir la corrupción, como se argumentó en su momento. El caso recordó a lo vivido por AMLO con Fox en 2005, que al final fortaleció al primero y debilitó al segundo, tal cual.