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PUEBLA, Pue., 17 de noviembre de 2026.- La zona W del penal de San Miguel, en Puebla capital, será sometida a una revisión por parte de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla, tras de los señalamientos relacionados con las condiciones al interior de este centro penitenciario.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, confirmó que este espacio existe y adelantó que verificarán su funcionamiento para determinar si requiere modificaciones.
El vicealmirante explicó que este segmento alberga a Personas Privadas de la Libertad (PPL) que representan una mayor complejidad para la operación penitenciaria, debido a problemas de conducta o conflictos al interior del centro.
“Vamos a hacer la revisión de este segmento del W esta semana con la presidenta (Sic) de Derechos Humanos. Si tenemos que corregir alguna situación, la corregiremos”, declaró.
32 recomendaciones de Derechos Humanos
Sobre las condiciones del penal, Sánchez González aseguró que el centro continúa operando con normalidad y descartó que los hechos registrados la semana pasada correspondieran a incidentes dentro de las instalaciones, pues indicó que las manifestaciones y bloqueos ocurrieron en el exterior.
También informó que durante este año la CDH ha emitido 32 observaciones relacionadas con el funcionamiento del centro penitenciario, de las cuales 23 ya fueron solventadas y nueve permanecen en proceso de atención.
“Este año nos han hecho 32 observaciones, llevamos solventadas 23, quedan nueve todavía que están en desarrollo, pero antes de que finalice el año las vamos a complementar y vamos a dar cumplimiento”, sostuvo.
Como parte de las acciones para mejorar las condiciones de seguridad, el funcionario indicó que desde el pasado 4 de noviembre comenzaron los procesos de licitación para adquirir inhibidores de señal y cámaras de videovigilancia que serán instalados al interior del penal.
Precisó que estos equipos forman parte de las mejoras contempladas para el ejercicio 2026, con las que buscan reforzar la vigilancia y evitar el uso de dispositivos de comunicación no autorizados desde el interior del reclusorio.
Evalúan traslados a penales federales
Otro de los puntos que se encuentra bajo evaluación es el traslado de PPL consideradas de alta prioridad a centros penitenciarios federales.
El secretario reveló que autoridades de reclusorios federales ofrecieron espacios para recibir a internos de Puebla, por lo que actualmente revisan cuántos lugares podrían disponer y cuáles serían los perfiles susceptibles de ser trasladados.
Explicó que la entidad cuenta con un penal de mediana seguridad y otros 15 centros penitenciarios ordinarios, por lo que consideró importante gestionar el traslado de personas con alto valor estratégico para mantener la gobernabilidad de las cárceles estatales.
“El hecho de poder trasladar a esas Personas Privadas de la Libertad, de alto valor estratégico, es muy importante para mantener la gobernabilidad de los penales”, señaló.
Fiscalía abre carpeta por bloqueos
La fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que la Fiscalía inició una carpeta de investigación por los bloqueos realizados por personas que se identificaron como familiares de internos del penal de San Miguel.
Aclaró que, aunque no recibieron una denuncia formal por estos hechos, la institución tiene la obligación de investigar posibles delitos, por lo que comenzó las diligencias correspondientes para identificar a quienes participaron en el cierre de las vialidades y establecer posibles responsabilidades.
“Tenemos una carpeta de investigación iniciada por parte de la Fiscalía. No hubo denuncia al respecto, pero sí tenemos nosotros la obligación de iniciar carpetas de investigación, así que iniciamos una carpeta de investigación", explicó.
Entre las conductas que se indagan se encuentra el posible ataque a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte, sin descartar otros delitos que pudieran configurarse conforme avance la investigación. La fiscal agregó que están a la espera de los informes correspondientes para continuar con la integración de la carpeta y determinar las acciones legales procedentes, bajo el principio del debido proceso.