El INE y la hidra de la corrupción
Europa fortalece a las derechas nacionalistas y Brasil acaba de otorgarle a Luiz Inácio Lula da Silva una nueva oportunidad para gobernar desde la izquierda. El presente resultado revela una transformación política de mayor calado: el mundo no está eligiendo una ideología de manera uniforme; está buscando responsables, castigando gobiernos y depositando sus expectativas en proyectos que prometen recuperar el control de una realidad cada vez más incierta. Las lealtades políticas se erosionan, las certezas ideológicas pierden terreno y la legitimidad de quienes gobiernan depende, cada vez más, de su capacidad para ofrecer respuestas concretas.
El avance de la derecha radical europea dejó de ser un fenómeno electoral. En junio de 2026, un análisis de las elecciones nacionales en 31 países situó por encima del 23 por ciento el respaldo a estas fuerzas. No es una cifra menor: evidencia que el descontento dejó de ser marginal y comenzó dirigir el centro de gravedad de la política europea. La inmigración, la inseguridad, el costo de la vida y la desconfianza hacia las élites alimentan una narrativa que ofrece respuestas directas a problemas complejos: Seguridad, Empleo, Fronteras, Soberanía, Identidad, Autoridad.
Pero el fenómeno tiene una dimensión más profunda. Cuando los partidos tradicionales administran las crisis sin resolverlas, pierden credibilidad; cuando las instituciones prometen prosperidad, pero amplios sectores de la población sólo perciben precariedad, el discurso antisistema encuentra terreno fértil. La derecha ha sabido convertir esa frustración en una oferta política reconocible, trasladando el debate desde la gestión de los problemas hacia una pregunta más elemental: ¿quién tiene el control y a quién beneficia realmente el ejercicio del poder?
Brasil, sin embargo, introduce un matiz que incomoda a quienes anticipaban una victoria creciente e irreversible del conservadurismo. Lula obtuvo el 51.79 por ciento de los votos válidos el 25 de octubre, frente al 48.21 por ciento de Flávio Bolsonaro. Su victoria interrumpe la secuencia de triunfos conservadores en América Latina y representa un revés político para la estrategia de Donald Trump de consolidar una región más alineada con sus prioridades. No significa, sin embargo, que América Latina haya regresado en bloque a la izquierda ni que el conservadurismo haya perdido su capacidad de movilización.
No confundamos una victoria presidencial con una transformación definitiva de la sociedad. Brasil continúa profundamente dividido y Lula deberá gobernar frente a un Congreso con una importante presencia conservadora, además de enfrentar restricciones, económicas, fiscales, exigencias de seguridad y expectativas sociales difíciles de conciliar. Ganó la Presidencia, pero no obtuvo un mandato ilimitado. Su desafío será responder tanto a quienes respaldaron su proyecto como a quienes votaron por una alternativa distinta, porque la responsabilidad de gobernar comprende a toda la sociedad, no únicamente a la base electoral que hizo posible el triunfo.
Aquí está la contradicción que merece atención: Europa fortalece opciones que prometen recuperar el orden y la soberanía nacional; Brasil renueva su apuesta por un liderazgo que reivindica la justicia social y la autonomía internacional. Sin embargo, ninguno de estos movimientos garantiza por sí mismo una solución a los problemas que los originaron. Las sociedades exigen gobiernos eficaces, pero la eficacia no se acredita con discursos, identidades partidistas ni promesas de campaña. Se demuestra mediante resultados, instituciones funcionales y mejoras perceptibles en la vida cotidiana.
En el tablero geopolítico contemporáneo, las afinidades ideológicas pueden acercar gobiernos, pero no eliminan las contradicciones entre sus intereses nacionales. La diplomacia no se sostiene en simpatías partidistas, sino en relaciones de poder, capacidades económicas y objetivos estratégicos. En última instancia, el cambio de modelo político busca fortalecer la capacidad de un país para decidir su propio rumbo y constituye una expresión del ejercicio de su autonomía democrática. Sin embargo, su eficacia no se mide por la contundencia del discurso de campaña, sino por la capacidad de defender los intereses nacionales, negociar en condiciones favorables y traducir las decisiones internacionales en bienestar para la población. Es precisamente en esos resultados donde se juega la continuidad y la consolidación del proyecto político elegido por la ciudadanía.
Ningún gobierno puede considerar permanente su legitimidad por haber ganado las urnas, ni atribuir todos sus problemas a sus adversarios. Los programas sociales no reemplazan la seguridad; el crecimiento económico resulta insuficiente si no mejora las condiciones de vida. Gobernar exige resultados, capacidad institucional y disposición para reconocer los límites del poder.
La disputa de nuestro tiempo no se reduce a la izquierda contra la derecha. Es una confrontación entre proyectos que deben demostrar su eficacia frente a electorados cada vez menos dispuestos a conceder cheques en blanco. La derecha puede capitalizar el temor y la incertidumbre; la izquierda puede movilizar la expectativa de justicia social y protección económica. Pero ninguna corriente tiene asegurada la adhesión permanente de una sociedad que evalúa a sus gobernantes a partir de sus propias condiciones de vida.
El error consiste en interpretar cada victoria como una confirmación histórica y cada derrota como el final de una corriente política. Las elecciones no clausuran las disputas ideológicas: las reconfigura.
Porque las sociedades no pertenecen para siempre a una ideología. Pertenecen a su tiempo, a sus necesidades y a sus expectativas. Cuando el poder deja de responder, las lealtades se rompen, las mayorías se transforman y las urnas dejan de ser una celebración para convertirse en un veredicto.
Eso también está a la vista pública.




