Exigen destitución de alcaldesa de Xoxtla y control comunitario del agua

PUEBLA, Pue., 9 de octubre de 2026.- Habitantes de San Miguel Xoxtla exigen la destitución de la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, y la devolución del control del sistema de agua potable a la comunidad, luego de rechazar la perforación de un pozo profundo en la Unidad Deportiva Pavigi, por lo que ahora esperan una mesa de diálogo con el Gobierno de Puebla.

Juan Carlos Flores, asesor legal de los pobladores, señaló que la solución a la crisis hídrica de la demarcación no consiste en extraer más agua, sino en mejorar la administración del recurso disponible y frenar la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

“No es solución estar extrayendo más pozos, sino tener un control adecuado de agua”, comentó en entrevista.

La maquinaria que las autoridades habían instalado para realizar los trabajos fue retirada la tarde del 8 de octubre, después de la confrontación ocurrida un día antes entre autoridades estatales y habitantes que se oponían a la perforación. Tras estos hechos, se determinó retirar los equipos mientras se establece un diálogo con los manifestantes.

Contradicciones sobre el destino del agua

El conflicto también se intensificó por las versiones contradictorias sobre el destino del agua que se extraería del nuevo pozo.

El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, informó que el recurso hídrico sería destinado al abastecimiento de la zona metropolitana de Puebla. En contraste, la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, sostuvo en un comunicado que la extracción beneficiaría a la propia comunidad.

Ante estas diferencias, los pobladores cuestionan la falta de información clara sobre el proyecto y reprochan que la alcaldesa no se haya presentado a dialogar con ellos.

“La presidenta no se ha querido aparecer frente a su pueblo para dialogar”, afirmó Flores, quien señaló que la exigencia de destitución también responde al descontento por la gestión municipal y a presuntas irregularidades administrativas.

Entre los señalamientos contra el Ayuntamiento se encuentran la presunta retención del suministro de agua para presionar a los habitantes a aceptar la construcción del pozo, así como posibles anomalías en el uso de recursos destinados a la adquisición de pipas. Estas acusaciones forman parte de las denuncias de los pobladores y requieren ser investigadas por las autoridades correspondientes.

Exigen frenar extracción de agua hacia Puebla

El asesor legal denunció que la crisis hídrica de Xoxtla está relacionada con la extracción de agua hacia la capital poblana y aseguró que una empresa concesionaria estaría extrayendo hasta diez veces el volumen autorizado. Según los señalamientos, esta situación afectaría los mantos acuíferos y el suministro para los habitantes del municipio.

Por ello, la comunidad demanda frenar la extracción que considera irregular y revisar el convenio de 1997 relacionado con el aprovechamiento del agua, así como garantizar seguridad jurídica para los pozos que abastecen a la población.

Otra de sus exigencias es que el sistema de agua potable vuelva a ser administrado por los propios habitantes, como ocurría anteriormente, con el propósito de que las decisiones sobre el recurso respondan a las necesidades locales.

Los pobladores también solicitan investigar las presuntas irregularidades en la compra de pipas y otras decisiones administrativas del Ayuntamiento, entre ellas la realización de sesiones de Cabildo a puerta cerrada, que consideran parte de los problemas de gobernabilidad en la demarcación.

Esperan mesa de diálogo con el gobierno estatal

Tras el retiro de la maquinaria, los habitantes permanecen a la espera de una mesa de trabajo con las autoridades estatales y municipales para revisar el proyecto de perforación, el convenio de extracción y la administración del agua.

La comunidad pide que el encuentro se realice en el municipio y que se mantenga el retiro de la maquinaria y de la fuerza policial como condición para avanzar en las negociaciones.

Asimismo, exige que cesen los presuntos actos de criminalización y acoso penal contra defensores comunitarios del agua, entre ellos Pascual Bermúdez y Renato Romero.

Mientras esperan una respuesta oficial, los pobladores mantienen su rechazo a la perforación del pozo en la Unidad Deportiva Pavigi y sostienen que cualquier solución a la crisis hídrica debe garantizar el abastecimiento local, la transparencia en el manejo del recurso y la participación de la comunidad en las decisiones sobre el agua.