Van contra exfuncionarios panistas por contratos de Audi y CIS

PUEBLA, Pue., 24 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Puebla prepara una ofensiva jurídica contra exservidores públicos de administraciones panistas que participaron en la estructuración de los contratos para las plataformas de Audi y el Centro Integral de Servicios (CIS), afirmó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.

El funcionario acusó que los involucrados formaron parte de una “ingeniería legal” que comprometió recursos públicos durante años y sostuvo que ya fueron identificados quienes intervinieron en estos acuerdos. Advirtió que la administración estatal dejará de negociar con los empresarios que continúan cobrando y buscará frenar los pagos mediante la vía legal.

“Estamos hablando de mil 500, mil 600 millones de pesos todavía que faltan por pagar este año y el año siguiente. Vamos a continuar con una ruta jurídica. No es de negociación. Será una ruta jurídica porque ya identificamos cómo los exservidores públicos del PAN participaron en este entramado legal o esta ingeniería legal para saquear a Puebla a través de este contrato”, señaló.

Las obligaciones corresponden a dos proyectos contratados durante gobiernos anteriores bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios. En el caso de las plataformas para Audi, en San José Chiapa, el saldo pendiente ronda los mil 500 millones de pesos, con pagos previstos durante 2026 y 2027; el contrato tiene vencimiento en noviembre de 2028.

El CIS también representa una carga de largo plazo para el estado: el gobierno reporta pagos anuales cercanos a 250 millones de pesos y el contrato tiene vigencia hasta diciembre de 2037. En conjunto, ambas obligaciones implican una presión financiera que llevó a la administración de Alejandro Armenta a estudiar incluso una línea de crédito de corto plazo para liquidarlas anticipadamente si la corrida financiera demuestra que representa un ahorro.

García Parra también respondió a posibles señalamientos de persecución política contra quienes sean investigados y sostuvo que la militancia o actividad partidista no será un impedimento para proceder jurídicamente.

“El que sean activos en redes del PAN no quiere decir que tengan un velo protector contra sus actos de corrupción y que después digan que se les está persiguiendo; ellos se prestaron para un negocio”.

El coordinador de Gabinete sostuvo que el objetivo es evitar que los poblanos continúen absorbiendo el costo de contratos que, desde la perspectiva de la actual administración, resultaron desfavorables para las finanzas estatales.

El caso de Audi contempla todavía pagos por alrededor de mil 500 millones de pesos, mientras que el CIS mantiene obligaciones que se prolongarán por más de una década.