Pobreza: Correlación no implica causalidad

Inflar un globo con helio y escribir en él: "Tláloc, haz que llueva por favor" y soltarlo a las 4 de la tarde, para que dos horas más tarde llueva no significa necesariamente que nuestras oraciones hayan sido escuchadas. Más bien, habría que consultar el pronóstico meteorológico

Análogamente, en materia de combate a la pobreza, quien tiene la carga de la prueba de demostrar, persona por persona, cómo le han cambiado la vida y le han sacado de la pobreza es el régimen gubernamental. Y nosotros, como cualquier ciudadano deberíamos de poderlo verificar.

Al respecto, en los últimos días se ha difundido con bombo y platillo la noticia de que en Michoacán se ha reducido la pobreza multidimensional, de acuerdo con la interpretación oficial dada a la información publicada por el INEGI.

Para algunos, estos datos significan un triunfo que merece celebrarse. La realidad es que seguimos en los últimos lugares y millones de michoacanos padecen las consecuencias de la pobreza.

Sin embargo, antes de lanzar las campanas al vuelo conviene detenernos a pensar con frialdad y mirar de frente la realidad. La pobreza no desaparece por decreto ni se reduce únicamente gracias a las cifras oficiales. Es un fenómeno complejo, marcado por la desigualdad histórica, por la violencia cotidiana y por la falta de oportunidades educativas y laborales que persisten en la vida de millones de michoacanos.

Festejar como propio un logro que cayó del cielo o que viene envuelto en mortaja no es legítimo. Si bien las estadísticas parecen ofrecer una luz en el camino, lo cierto es que detrás de esos números existen factores dolorosos que explican la supuesta mejoría. Entre ellos están las muertes provocadas por la pandemia de COVID-19, que se llevó principalmente a quienes vivían en condiciones de pobreza y comorbilidades; las muertes en exceso durante esos años, producto tanto de la enfermedad como de la precariedad de los servicios de salud; los homicidios dolosos que golpean sobre todo a los sectores más vulnerables; y las desapariciones que han dejado a miles de familias en incertidumbre y desesperación.

También hay que considerar los desplazamientos forzados de comunidades enteras que tuvieron que huir de la violencia criminal, así como la migración constante de jóvenes y adultos que salen hacia Estados Unidos en busca de lo que Michoacán no les ofrece. Cuando esas personas desaparecen de la estadística local, pareciera que la pobreza disminuye, pero en realidad se trata de una expulsión silenciosa de quienes no encontraron alternativas. A esto se suma el hecho de que los indicadores provienen de encuestas y no de censos, con todos los márgenes de error y limitaciones metodológicas que ello implica.

El debate metodológico no es menor. Existen diferencias entre las definiciones de pobreza empleadas por el INEGI y las que sostiene el CONEVAL, particularmente en aspectos como el rezago educativo, lo que puede alterar significativamente las conclusiones. Mientras tanto, los programas sociales ejecutados en Michoacán, y especialmente las transferencias directas del gobierno federal, han tenido un impacto indudable en la liquidez de los hogares. Las becas han ayudado a sostener la permanencia escolar de miles de estudiantes, alrededor de un 2 por ciento de los jóvenes que abandonarían la escuela no lo hacen, según los estudios. Los otros 98 se siguen yendo por falta de condiciones. Pero al mismo tiempo han generado una peligrosa dependencia de la población hacia los apoyos económicos, que no necesariamente resuelven las causas estructurales de la pobreza.

El costo de oportunidad de las inversiones públicas tampoco puede ignorarse. Cuando los recursos se destinan principalmente a subsidios o clientelas políticas en lugar de fortalecer la infraestructura educativa, de salud o de empleo productivo, se pierde la posibilidad de transformar de fondo la realidad social. Además, la reducción de la pobreza no puede interpretarse como un logro automático de políticas estatales, pues la correlación no implica causalidad; la cual debe de probarse, con lo que el gobierno lleva la responsabilidad y la carga de la prueba.

En muchos casos, los movimientos en las estadísticas obedecen a factores externos como la inflación que encareció la canasta básica, el flujo histórico de remesas que alcanzó cifras récord y como ya vimos, es dinero que llega a costa de la separación de las familias o de jornadas  realmente extenuantes de trabajo;  o la desigualdad territorial que sigue separando a regiones como la Tierra Caliente o la Sierra, hundidas en carencias, de zonas urbanas como Morelia y Uruapan que muestran avances relativos e inversiones desproporcionadas.

El rezago educativo sigue siendo un obstáculo profundo: 3 de cada 7 adultos no terminaron la secundaria y los aprendizajes en la educación básica siguen sin ser evaluados. El empleo informal continúa dominando la economía, siendo 2 de cada 3 plazas laborales en esta situación, trabajos precarios y sin seguridad social. La violencia estructural del crimen organizado impone cuotas y controles en territorios completos, afectando sobre todo a los más pobres, quienes pagan la factura de una inseguridad que no aparece reflejada en las estadísticas oficiales. Tampoco debe pasarse por alto la infraestructura deficiente en muchas comunidades, donde el acceso a agua potable, drenaje y servicios básicos sigue siendo insuficiente.

A todo esto, se agrega el centralismo de las políticas federales y estatales, diseñadas desde despachos lejanos a la realidad indígena, rural y migrante que caracteriza a gran parte del territorio michoacano. La crisis educativa derivada de la pandemia golpeó con especial fuerza a los más pobres, que perdieron aprendizajes y oportunidades de movilidad social. Y aunque los ingresos familiares han crecido por efecto de las transferencias y las remesas, la inseguridad alimentaria persiste, con más de un tercio de la población enfrentando carencias para garantizar tres comidas al día.

Finalmente, más allá de las narrativas triunfalistas, la realidad sigue siendo brutal: millones de michoacanos permanecen atrapados en la pobreza multidimensional, cargando múltiples carencias sociales y viviendo en condiciones de vulnerabilidad extrema. La supuesta reducción de la pobreza no cambia el hecho de que el bienestar integral sigue siendo una deuda pendiente.

La pregunta central es si realmente hay algo qué festejar. La respuesta, desde un análisis serio, es que no, porque no contamos con evidencias fácticas de que sea un logro real. La reducción de la pobreza en Michoacán es, en gran medida, una ilusión estadística bajo la cual subyacen muertes, migración, violencia, remesas y transferencias de dinero. Nada de eso equivale a una política eficaz ni a un combate estructural a la pobreza. Tampoco debe aseverarse que Michoacán sea líder en superar el rezago educativo; al contrario, persisten déficits severos en cobertura, aprendizajes y abandono escolar. Lo que los datos del INEGI muestran debe interpretarse con cautela, como una fotografía parcial que no refleja toda la complejidad del territorio.

Las posibles explicaciones a esta aparente mejora se encuentran en factores externos y temporales, no en una transformación profunda. Por eso la conclusión es clara: Michoacán no es líder en combate a la pobreza. Lo que tenemos es un estado que sobrevive con paliativos, con recursos externos, con remesas y con programas asistenciales que ayudan a resistir, pero que no abren la puerta al desarrollo sostenible.

La sociedad michoacana necesita levantar la voz y exigir una estrategia real, que no se conforme con celebrar espejismos ni con maquillar indicadores. El combate a la pobreza requiere voluntad política, transparencia y planeación de largo plazo. Requiere reconocer que la desigualdad es un problema estructural y que la única manera de enfrentarlo es mediante educación de calidad, empleos dignos, infraestructura básica, atención a la violencia y una política alimentaria que garantice lo mínimo para vivir con dignidad.

Por ello, es urgente construir un sistema estatal de información social que permita medir con seriedad los avances, impulsar una reforma educativa integral local para abatir el rezago en Michoacán, porque los derechos educativos son para toda la vida;  promover políticas de empleo formal en regiones marginadas, invertir en servicios básicos, garantizar acceso a alimentos nutritivos, atender a desplazados y víctimas de violencia, fomentar la economía social y comunitaria, ampliar la medición de la pobreza para incluir fenómenos como la migración y la violencia, impulsar políticas de género que reduzcan la feminización de la pobreza y aprovechar las remesas para proyectos productivos de largo aliento.

Solo así Michoacán podrá dejar de vivir entre los espejismos estadísticos y construir un futuro con dignidad y justicia social. No hay mucho qué festejar, pero sí demasiado por hacer.

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