Visión Financiera

El nuevo Plan Estratégico de Pemex contempla el uso de fracking para la extracción de gas.

El pasado martes la Presidenta junto a su gabinete ampliado presentaron el nuevo Plan Estratégico de Pemex 2025-2035. Este tiene entre sus objetivos el incremento de la producción de gas a través de fracking, aunque de forma tramposa omiten nombrarlo diciendo que estimularán yacimientos de geología compleja, en una estrategia para confundir y escudarse frente a la la ciudadanía que

hemos exigido por más de una década la prohibición de esta técnica que contamina y atenta contra todas las formas de vida.

El Plan Estratégico de Pemex 2025–2035 se presenta bajo el discurso de “sustentabilidad energética”, sin embargo su contenido reafirma un enfoque fósil y extractivista, completamente alejado de la transición energética justa que el país requiere. 

Lejos de plantear un abandono gradual de los combustibles fósiles, el documento refuerza la lógica de seguir extrayendo “lo que ya tenemos”, apostando por ampliar la refinación y el uso de gas fósil como pilar de la autosuficiencia energética, sin considerar sus impactos en la crisis climática ni en las comunidades. 

Se ignoran las advertencias internacionales, como las de la Agencia Internacional de Energía y la ONU que subrayan la necesidad urgente de abandonar los combustibles fósiles para evitar el colapso climático, pretendiendo ir en contrasentido a las obligaciones jurídicas de los Estados de adoptar las medidas adecuadas frente al cambio

climático señaladas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la obligación de protección de los derechos humanos en el marco de la emergencia climática subrayada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Además, el documento elude toda referencia a los derechos a saber y participar de las comunidades afectadas por estas decisiones. 

No hay mención a los impactos socioambientales acumulados de la industria petrolera que incluyen violaciones a derechos fundamentales como el derecho al medio ambiente sano, al agua y a la salud, ni se garantizan mecanismos de acceso a información o participación pública, en violación al espíritu y obligaciones previstas en el Acuerdo de Escazú, ratificado por México. 

En vez de constituir una estrategia de transición, el plan es una hoja de ruta para la continuidad fósil, escrita bajo eufemismos y ocultamientos deliberados. 

El lenguaje técnico del plan está cuidadosamente diseñado para evitar la palabra prohibida: “fracking”. En su lugar, se habla de “yacimientos de geología compleja”, “nuevos esquemade extracción” y “plays no convencionales”, en clara referencia a formaciones que requieren fracturación hidráulica. 

Las alusiones a experiencias de Estados Unidos y Argentina, al uso de tecnologías para reducir el consumo de agua dulce, y a la necesidad de participación privada

para afrontar riesgos financieros, son señales inequívocas de que el fracking está de regreso, disfrazado de innovación energética.

El fracking implica riesgos severos e inaceptables para la salud humana y ambiental. La exposición a contaminantes liberados por esta técnica —como metales pesados, hidrocarburos aromáticos, partículas finas, sustancias radioactivas y disruptores endócrinos— se ha vinculado con malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, daños neurológicos y enfermedades respiratorias crónicas, incluso a bajas dosis y en poblaciones alejadas de los pozos. 

Estos efectos son especialmente graves para niñas, niños, personas gestantes y adultos mayores, y se intensifican por la falta de regulación, monitoreo independiente y transparencia. 

En paralelo, el fracking degrada los ecosistemas locales al contaminar acuíferos y cuerpos de agua superficiales, deteriorar el suelo y liberar metano y otros gases que agravan la contaminación atmosférica y la crisis climática.

Incrementar la producción de Pemex a través de la explotación de “yacimientos de geología compleja” y de yacimientos no convencionales significa el uso de fracking y de uno de los bienes comunes más importantes que tiene el país: el agua. 

*** Impugnan trabajadores elecciones del SNAC

TOME NOTA ***Ante el cúmulo de irregularidades jurídicas, trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), impugnan y solicitan la nulidad del proceso electoral del 14 y 15 de abril de 2025, en el cual se eligió a su dirigencia, encabezada por Alejandro Martínez Araiza.

En su argumentación, puntualizan que, a causa de todas las anomalías legales, las elecciones en dicho sindicato estuvieron viciadas de origen por falta de inclusión, transparencia, equidad, legalidad y democracia sindical.

Exigen la reposición del proceso, con la finalidad de que se otorguen garantías efectivas para todos los trabajadores con derecho a participar.

En el armado del expediente legal, los trabajadores indican que durante las elecciones en esa agrupación, no se presentaron informes financieros ni auditorías y se llevó a cabo un uso indebido de recursos para fines personales o políticos, en este caso en beneficio de Martínez Araiza, conocido en el mundo sindical como “El Principito”.

En referencia a la ausencia de autoridades en las elecciones, dan a conocer que no estuvieron presentes inspectores ni verificadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), contraviniendo el artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo y diversos lineamientos oficiales.

Respecto a la existencia de un padrón electoral de los trabajadores válido, expusieron que las autoridades no verificaron la autenticidad de firmas ni la identidad de los supuestos votantes, con lo cual no se integró un padrón confiable que incluyera a todos los trabajadores de las empresas con contrato colectivo vigente con el sindicato.

Lo anterior viola el artículo 123, fracción XXII, de la Constitución y los artículos 364 bis y 390 de la Ley Federal del Trabajo, que exigen representación legítima y votación mayoritaria previa.

El SNAC agrupa a 17 mil trabajadores de diversas empresas de los sectores alimenticio y comercial. Su secretario general, Alejandro Martínez Araiza, ocupa ese cargo desde 2019, concluyó su primer periodo en abril de 2025 y se reeligió para permanecer en el puesto hasta 2030.