Emergencia: menores asesinados en Michoacán.

54 menores de edad fueron asesinados durante el Ciclo Escolar 2024-2025 en Michoacán.

Esta tragedia persiste como un eco que pocos quieren escuchar: el asesinato de menores de edad, quienes mucho más que cifras son vidas truncadas, historias rotas, familias devastadas y un tejido social que se desgarra en silencio.

Durante el primer semestre de 2025, en estas tierras se registraron 31 homicidios dolosos contra personas menores de 18 años. De ellos, 29 fueron cometidos con arma de fuego y 27 de las víctimas eran varones. Cifras frías que, sin embargo, dibujan un paisaje insoportable.

El Blog por los Derechos de la Infancia, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coloca a Michoacán en segundo lugar nacional en homicidios de menores de edad, con 120 casos de enero a junio de 2025, solo por debajo de Guanajuato (132) y por encima de Oaxaca (87) y Jalisco (75). En el rubro específico de homicidios dolosos, las cifras son igualmente alarmantes: 31 casos, de nuevo en segundo lugar después de Guanajuato (73).

Y la violencia no se limita al homicidio. En la globalidad de delitos cometidos contra menores, Michoacán ocupa el décimo lugar nacional, con 749 delitos registrados en 2025. El crecimiento ha sido constante: eran 652 en 2024, 535 en 2023, 533 en 2022 y 490 en 2021. El aumento revela que la violencia contra la niñez ya no es un hecho aislado: es una tendencia que se consolida, al menos a lo largo de este sexenio.

En el periodo de octubre de 2021 a junio de 2025, 313 menores de edad han sido asesinados en la actual administración estatal. Solo en el ciclo escolar 2024-2025, la lista es desgarradora: tres casos en agosto, siete en septiembre, dos en octubre, cinco en noviembre, seis en diciembre y, en los primeros seis meses de 2025, treinta y un asesinatos más. En total, 54 menores asesinados durante un solo ciclo escolar.

Las geografías de la muerte se repiten. Tierra Caliente, Apatzingán, Zamora, Uruapan: regiones donde el crimen organizado marca la vida diaria. Bandas de sicarios de grupos criminales antagónicos se disputan el territorio, y en medio de esa guerra, los niños y adolescentes son víctimas colaterales o, peor aún, objetivos directos. Son reclutados a la fuerza, amenazados, arrastrados por la pobreza, vuelan al pisar minas terrestres o son atrapados en el fuego cruzado. La infancia se convierte así en carne de cañón.

No se puede comprender esta tragedia sin mirar hacia la escuela. Michoacán arrastra un rezago estructural: grado promedio de escolaridad de 8.6 años —menos que una secundaria completa—, tasa de analfabetismo cercana al 7 %, y enormes brechas en la asistencia escolar en zonas indígenas y marginadas, muchas de ellas atravesadas por la violencia. Las causas son múltiples: pobreza, infraestructura deficiente, falta de conectividad y desplazamientos forzados. En este terreno, el crimen organizado encuentra un campo fértil para el reclutamiento. Cuando la escuela no es el centro de las actividades comunitarias y el eje central de la intervención para el desarrollo integral, el narco se enseñorea, la coloniza, la desplaza y la pervierte.

La Secretaría de Educación de Michoacán (SEE) ha tomado algunas medidas: pago puntual a docentes, digitalización de trámites, brigadas de salud, inversión en infraestructura. Son avances administrativos, pero aún insuficientes para prevenir que un niño sea asesinado camino a la escuela, reclutado en su barrio o silenciado por miedo.

Las responsabilidades son claras: las del crimen organizado, con sus reclutamientos, fuego cruzado, vendettas, disputas armadas y narcoviolencia con células que actúan con impunidad; un muy débil estado de derecho, con una inmensa impunidad estructural, cifras maquilladas y una crisis que se vuelve invisible; el rezago educativo, combinado con el abandono escolar, pobreza generacional y carencia de infraestructura, sobre todo en las zonas más vulnerables, que se aúnan a la ausencia de políticas preventivas integrales, ya que hay un predominio de acciones cosméticas, reactivas y efímeras, no de protección real a los menores de edad en situación vulnerable.

El sistema educativo estatal puede hacer muchísimo, como convertir los planteles y sus entornos en espacios seguros y comunitarios; incorporar educación emocional y prevención de violencia como materia obligatoria, así como establecer mecanismos confidenciales de denuncia y canalización inmediata y vincular estrechamente a las escuelas con servicios sociales, con las fuerzas de seguridad y atención psicológica.

Hay así también, medidas que, a manera de propuestas inmediatas y viables deben implementarse a la brevedad posible, como las que se enuncian a continuación:

1.            Prevención escolar con programas de educación emocional, resolución pacífica de conflictos y canales de denuncia.

2.            Escuelas como refugio con vigilancia reforzada y apertura comunitaria.

3.            Alerta temprana entre docentes y autoridades ante señales de riesgo.

4.            Transporte escolar seguro para zonas rurales y violentas.

5.            Talleres comunitarios sobre prevención y derechos de la infancia.

6.            Infraestructura digna: Internet, agua, drenaje y mantenimiento continuo.

7.            Cobertura educativa total, priorizando comunidades indígenas, rurales y en zonas de violencia.

8.            Red interinstitucional entre SEE, FGE, municipios y comunidades escolares.

9.            Formación docente para detectar riesgos de violencia, reclutamiento y explotación.

10.          Redireccionamiento presupuestal de gastos suntuarios hacia becas y apoyos condicionados para familias en riesgo, vinculados a la permanencia escolar.

Así también, hay medidas legislativas urgentes por tomarse, como una ley estatal de protección integral que declare a los planteles “espacios libres de violencia” con protocolos obligatorios; que exista transparencia obligatoria en el registro,  publicación y seguimiento hasta su cabal esclarecimiento de homicidios infantiles; presupuesto etiquetado para transporte, infraestructura y prevención en zonas de riesgo, fiscalización ciudadana sobre las acciones del Estado en protección infantil y la operación completa del sistema educativo estatal, para culminar con una ley de reclutamiento cero: que sea tipificado como delito grave con sanciones ejemplares y reparación del daño.

Es momento de que el Poder Ejecutivo impulse un nuevo rumbo educativo: que las escuelas dejen de ser puntos vulnerables y se conviertan en escudos para la niñez y, más específicamente, que la Secretaría de Educación priorice la protección antes que la burocracia, y que el presupuesto se asigne primero a salvar vidas, mediante el aseguramiento de que cursen trayectorias educativas completas, sanos y salvos y ejerciendo plenamente sus derechos a estar, a aprender y a participar en las escuelas michoacanas, con las mejores condiciones posibles, en dignidad, calidad y seguridad.

El Congreso del Estado debe legislar con urgencia, con la valentía de colocar a la niñez en el centro de la agenda y no como nota al pie. Cada día sin acción legislativa es un día más de riesgo para cientos de niños.

La Fiscalía General del Estado está obligada a romper el círculo de impunidad. No hay justicia si los asesinos de menores caminan libres, ni paz mientras las familias esperan respuestas que nunca llegan.

Michoacán vive una emergencia humanitaria infantil. No podemos permitir que más niños paguen con su vida la negligencia y la omisión de las instituciones. La historia no perdonará la inacción. El momento de actuar es ahora: con compromiso, con coraje y con justicia.

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