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PUEBLA, Pue., 29 de julio de 2025.- En la revisión que actualmente realiza el gobierno municipal de Puebla sobre el estado en que fue entregada la administración anterior, han comenzado a salir a la luz presuntas irregularidades en áreas clave. Una de ellas es la Dirección de Comunicación Social, que operaba bajo el mando de Fernando Cortés durante el trienio de Eduardo Rivera Pérez como presidente municipal, en el periodo de 2011 a 2014.
El alcalde José Chedraui Budib reveló este lunes que en dicha área hay numerosos pagos que no están sustentados con contratos formales o documentación justificativa. La situación, afirmó, ya fue reportada y entregada a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para su análisis y posible investigación.
“Yo entrego lo que tengo, todo lo que tengamos... no vamos a ocultar nada ni a dejar de entregar cosas. Ya la Auditoría tomará decisiones”, declaró el edil en entrevista con medios.
El pasado 21 de julio de 2025, la contralora municipal de Puebla, Dulce Lilia Rivera Aranda, informó que el Ayuntamiento presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto hoyo financiero de 547 millones de pesos heredado por la administración anterior.
Ésta fue dirigida primero por Eduardo Rivera Pérez y luego fue alcalde interino Adán Domínguez Sánchez durante el periodo de diciembre de 2023 a octubre de 2024.
Sin embargo, la denuncia fue interpuesta por la Tesorería y es contra quien resulte responsable, ya que el gobierno municipal no tiene facultad para determinar delitos ni señalar culpables directamente.
Mientras tanto, Rivera Aranda explicó que actualmente la Contraloría analiza mil 347 expedientes derivados del proceso de entrega-recepción. De los mil 400 expedientes que recibieron, han resuelto 200, aunque siguen llegando más. Algunos casos ya están por enviarse a las autoridades para que los exfuncionarios señalados sean notificados y puedan presentar su defensa.
Entre las dependencias bajo observación se encuentran la Tesorería, la Secretaría de Administración y algunas presidencias auxiliares. Las irregularidades detectadas van desde pagos sin contrato, indemnizaciones sin autorización y omisiones en el cumplimiento de deberes.